Contratos de integración para inmigrantes: tendencias comunes y diferencias en la experiencia europea

Los “contratos de integración” para inmigrantes se han generalizado en Europa en los últimos 10 años pero sus resultados siguen sin estar claros.

Durantela campaña electoral previa a las elecciones del 9 de marzo en España, el líder del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, anunció que si su partido ganaba los comicios cambiaría la ley de extranjería de forma que los inmigrantes que entrasen en España tendrían que firmar un contrato vinculante por el que se comprometerían a respetar las leyes y costumbres españolas, aprender español, pagar impuestos y hacer lo posible para integrarse en la sociedad española. Agregó que serían devueltos a sus países de origen en caso de pasar un año sin trabajo. Si bien el líder español apuntó a Francia y a Sarkozy como el país y el político que habían inspirado su propuesta electoral, los “contratos de integración” se han generalizado en Europa; el último país en adoptar este instrumento político ha sido Reino Unido. De hecho, la idea se remonta a un informe holandés fechado en 1989 realizado por el Consejo Científico para la Política Gubernamental (WRR) que buscaba soluciones políticas al desempleo de larga duración entre algunos grupos de inmigrantes y que consideraba que la adquisición del idioma del país era esencial a este respecto. En los Países Bajos una ley de 1998 hizo obligatoria la asistencia a cursos de integración para los recién llegados y vinculó esta asistencia a la obtención de prestaciones sociales. En total, 11 países han puesto en marcha cursos y contratos de integración y han establecido exámenes de civismo y ciudadanía: Suecia, Dinamarca y Finlandia fueron los primeros en establecerlos, seguidos por los Países Bajos, Austria, Bélgica, Francia, el Reino Unido y Estonia (aunque en este último caso están dirigidos principalmente a la minoría rusa, no a los nuevos inmigrantes). En Alemania existen ahora cursos de integración obligatorios. Suiza aprobó en 2006 una ordenanza que contempla un “convenio de integración” optativo, que forma parte de una Ley Federal de Extranjería desde el 1 de enero de 2008. Hungría está considerando su establecimiento y, como veremos, el debate permanece abierto en España.